Justicia, banca y traumatólogos

Algo falla gravemente en nuestro marco jurídico cuando se producen sentencias como la que acaba de conocerse sobre los gastos de la constitución de las hipotecas. Y no es que pretendamos cuestionarla, porque lo criticable es el resultado de la acción del binomio ley-interpretación judicial. La que da pie a una decisión que, en nuestra opinión, no conduce a una situación más justa, sino más bien lo contrario. Vamos a ayudarnos de un traumatólogo para explicarlo.

Imaginemos que mañana, advirtamos que el ejemplo se desarrolla en la sanidad privada, se resuelve que los médicos deben asumir los gastos de los medios diagnósticos que tengan a bien utilizar. Lo que hará entonces ese traumatólogo al que le hemos pedido que nos eche una mano con las explicaciones es pagar las correspondientes radiografías y repercutirlas en sus tarifas. Podría ser beneficioso en cuanto pudiera instarle a cuidarse de pedirlas con demasiada ligereza (en el supuesto de que aplique precios por consulta fijos y no repercute los 'suplidos' individualizadamente), aunque también podría inducirle a escatimarlas para mejorar sus márgenes. Nada es perfecto. Pero lo que todos tenemos claro es que lo que no va a hacer es poner dinero de su bolsillo para pagarlas. Vive de cobrar a sus pacientes, no de subsidiarlos.

Parece evidente que no puede pretenderse que quien ejerce un negocio ponga dinero, al menos de forma sistemática. El cliente paga por lo que recibe una cantidad que debe permitir a quien le atiende obtener un beneficio. La cuantía del mismo es cuestión más compleja.

Pero resulta que, de pronto, nuestro sufrido médico pasa a tener que hacerse cargo también de las radiografías de los clientes que ha venido atendiendo en los últimos años, cuando cobraba unas tarifas que no contemplaban esa eventualidad. Evidentemente, lo que hará, en la medida que la ley de la oferta y la demanda se lo permita, es repercutir en sus futuros precios tanto los suplidos futuros como el 'coste diferido' de resarcir a los pacientes del pasado. Así que estos, tras recibir ese dinero, habrán pagado menos de lo que habían previsto cuando acudieron a ese médico, recibiendo un subsidio que correrá a cargo de los nuevos pacientes. ¿Es eso lo justo?

Pues así va a ocurrir con los famosos costes hipotecarios. Salvados los puntuales abusos que haya podido haber, miles de personas que pagaron unos gastos que en ningún momento dudaron les correspondiera asumir, pasan a tener derecho a recuperar, cuando menos, parte de esas cantidades. Las que la banca no incluyó en el cálculo de las tarifas que aplicaba porque se asumía la práctica establecida de que 'las radiografías las pagaba el cliente'.

Ese que pague la banca que parece complacer a tantos, simplemente quiere decir que ese dinero va a salir del precio que pagarán los futuros prestatarios. Eso si alguna entidad abrumada por tanta contingencia (claúsulas suelo, morosidad,...) no pincha y volvemos a pagarlo nuevamente entre todos vía ayudas públicas. Como ya estamos haciendo en unos cuantos casos mientras los gestores del desastre disfrutan de suculentas jubilaciones.

La banca ha tenido conductas inaceptables, pero, por muy socorrido (y populista, la elegida como palabra del año de 2016) que resulte, es hipócrita culparla de todos nuestros males financieros. Aunque pocos quieran reconocerlo, en las preferentes porfiaron la codicia, por un lado, y el engaño, por el otro.

Una injusticia no se arregla con otra y, ojo, un sistema financiero eficiente es clave para la buena marcha de una economía. Lo que no quiere decir que haya que 'rescatar' a todas las entidades que caen, como es nefasta costumbre hispana. Más bien al contrario, el rescate debe ser una medida excepcional, para eso hay un Fondo de Garantía de Depósitos. Pero ese complejo asunto debe quedar para otro día.




P.S.- ¿No les parece curioso que sean personas como Carlos Herrera quienes acaben llevándose, vía publicidad de servicios jurídicos, un trocito de las devoluciones de las cláusulas suelo?

Lo que no cabe duda es que el jurídicamente inseguro sistema que tenemos, ¡qué plazos entre hechos y sentencias, señor!, propicia muy lucrativos tiempos para el ejercicio de la abogacía.