sábado, 17 de agosto de 2013

Autoridades de consumo: ¿hay alguien ahí?

Hoy se anuncia que Adif reduce el horario de venta anticipada de billetes en sus taquillas lo que conlleva que deje de prestarse en fines de semana y festivos. Parecería mas normal que se suspendiese durante los periodos previos a la salida de los trenes con objeto de no obstaculizar a los viajeros que necesiten acceder con urgencia a las taquillas, pero tiene su coña que un taquillero pueda pasarse mano sobre mano el fin de semana, no todas las estaciones son Atocha o Chamartín (donde bien podrían, por cierto, mantener una taquilla con ese servicio), y que no pueda separarlas para vender un billete para otro día: lo siento, sólo para próximas salidas. Con todo, casi mas sorprendente es que al hilo de esta noticia nos enteramos de que el servicio alternativo de venta telefónica tiene un recargo del 3,5%. Si el coste medio de atención a un cliente parece razonable pensar que es el mismo para un billete de 10€ que para otro de 100, ¿por qué el primer cliente tiene que pagar un recargo de 0,35 € y el segundo de 3,5 €?

Comparémoslo con el caso de los supermercados en los que tendría bastante mas sentido el cobro de una comisión porcentual por el envío de los pedidos a casa. A mayor precio, en general, mayor peso a transportar, y cualquier empresa del ramo se lo facturaría en función del mismo, pero al no tratarse de un elemento determinante en los envíos de proximidad las empresas que cobran por este servicio, como es el caso de Mercadona, han optado por fijar un precio fijo (otras exigen una compra mínima). La obligada sensatez de quien se gana los garbanzos en competencia. No se es líder porque sí.

La cuestión de fondo es que nuestras autoridades responsables de consumo deben “exigir” normativamente la proporcionalidad entre el precio y el coste de los servicios, al menos  cuando se trate de los vinculados a otro principal que es el efectivamente contratado, y no digamos ya en el caso de los que se prestan en régimen de monopolio como es el transporte de pasajeros por ferrocarril. Usted no contrata el servicio de venta de billetes accesorio a la compra de los mismos, pero lo necesita, luego es obligación de las autoridades de consumo velar porque no se cometan abusos en la tarificación de esa función asociada.

Claro que el colmo lo encontramos en otras empresas de transporte como es el caso de Alsa, la cual pese a explotar sus rutas en régimen de monopolística concesión ha implantado la increíble práctica de cobrar una comisión adicional por adquirir los billetes por internet, cuando es manifiesto que ello comporta un ahorro para la empresa respecto a la venta en taquilla. Es claro que el tratamiento informático es similar y en la autocompra es el adquiriente quien realiza el trabajo del taquillero. Para incentivar este disparate, mas me ahorras mas te cobro, sólo hace falta añadir la prestación de un pésimo servicio de taquilla. Esta no es una manifestación especulativa, hace unos días hemos tenido directa noticia de la experiencia de un adllegado que en una estación de autobuses accedió al turno 63 cuando se estaba atendiendo el 25, resultado: mas de 30 minutos de espera.

En esto de la tarificación es fácil olvidarse de los ahorros que aportan los avances tecnológicos. Veamos, por ejemplo, el caso de las transferencias bancarias en las que cierto es que hace ya bastantes años el coste de prestación de ese servicio era proporcional al importe remesado porque las comunicaciones entre entidades se realizaba por correo y el dinero estaba “ocioso” durante un número variable de días en las llamadas “partidas en camino”, por ello se diferenciaban las comisiones sobre la propia plaza y sobre otras, no digamos ya sobre el extranjero. Es algo equiparable a lo que ocurre en los cajeros automáticos donde efectivamente el dinero está “ocioso”, esos billetes allí depositados no pueden ser invertidos y rentabilizados por la entidad,  por ello es plenamente razonable que las comisiones habitualmente cobradas por disponer de dinero en las redes ajenas sea proporcional al importe retirado.

El caso es que cuando se implantó la compensación electrónica que permite a las entidades nacionales liquidar sus posiciones en el mismo día, los referidos “saldos ociosos” han dejado de existir, ahora el dinero está en la entidad A o en la B, invertible por tanto, pero ya no cabe que esté “en camino”, pues resulta que las entidades se han olvidado del ahorro introducido. Así han mantenido las comisiones porcentuales cuando el coste de la prestación del servicio pasó a ser básicamente fijo y, además, mínimo si lo hace el interesado por internet sin requerir la intervención de un empleado bancario. Para acabar de empeorar las cosas estamos ante un servicio auxiliar, ¿cuántas personas conoce vd. que hayan sido informadas de su coste cuando contrató una cuenta corriente?, que menudos sustos da a los usuarios esporádicos.


¿Será posible que ningún organismo público se siente responsable de cortar estos desmanes? Al menos el Banco de España podía tener el valor de publicar el margen comercial que sus supervisados están obteniendo con este servicio, el mas rentable de su cartera en fuerte competencia con los descubiertos. Les aseguramos que es una cifra porcentual de bastantes cifras. De los descubiertos hablaremos cuanto toque referirse a la usura.

¡Ay esta banca que cada vez mas, o se queda corta (vg. en el crédito), o se pasa!


Y a ver Sr. Ministro si nos animamos a abrir a la competencia alguno de los grandes corredores de transporte de viajeros por carretera.

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