¡Cómo no van a ser los más altos magistrados de este país unos vendidos a la banca si lo dicen Iglesias, Garzón&Co.! Y eso que hubo uno que se abstuvo de participar el pleno del Tribunal Supremo por el conflicto de intereses que comportaba ser titular de una operación afectada por la decisión a tomar. ¿Les sonará ese conflicto a los titulares de hipotecas Pablo, Alberto o a otros muchos interesadamente indignados? ¿En cuanto se cifra su interés en la cuestión?¿Quien dio clases en Cunef no puede ser objetivo y ellos sí?
El absurdo económico del cambio adoptado ya lo hemos explicado en Justicia, banca y traumatólogos. De la inseguridad jurídica que comportaba el súbito viraje de la jurisprudencia asentada durante más de 20 años, ¿cómo era aquello de que la costumbre hace ley?, seguramente lo harán otros mañana. Eso si son capaces de hacerse oír entre la fanfarria de repentinos pseudoexpertos en cuestiones procesales impartiendo doctrina sobre qué puede hacer, y qué no, el alto tribunal.
Pero nada de eso importa porque esta ronda tenía que pagarla la banca por decisión popular. Es lo que llaman democracia real. Para más detalles pregunten en Venezuela. Lo que está claro es que en este país cada vez son más quienes están dispuestos a lo que sea por un puñado de euros. Este debate no va de Justicia. Y si ya le han pensado otros por vd. que lo ocurrido es un escándalo, para qué tomarse el trabajo de razonar.
Lo que resulta bastante contradictorio es cuestionar la independencia de quienes han tenido el coraje de tomar esa decisión con plena conciencia de lo que se les viene encima con la misma. Es un orgullo tener jueces tan valientes.
Ahora la gran pregunta es, ¿donde va un país con la ética dominante en semejante caída libre? Preocúpense por eso.
P.S.- Sobre la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos sentimos incapaces de mejorar la explicación de Alsina en Onda Cero:
Lo de ayer sobre Otegi es un revés para la justicia española, obviamente. No es plato de gusto que te afeen un procedimiento.Pero una cosa es lo que dice la resolución y otra lo que Otegi [y los indepes catalanes, añadimos nosotros] dice que dice.
El Tribunal no ha establecido que España sea un estado antidemocrático ni todas esas pavadas que acostumbra a decir este prócer de la paz y las libertades. Tampoco ha dicho que se construyera una causa falsa o que le condenaran por su estrategia de pacificación. En realidad, lo que ha dicho Estrasburgo es que en el tribunal que le juzgó por el caso Bateragune no debía haber estado la juez Angela Murillo. Que debería haber sido relevada porque tuvo un incidente previo en otro juicio con este individuo que sembró dudas sobre su imparcialidad.
A la juez le salió decir lo que usted o yo habríamos pensado: cómo iba a condenar Otegi a ETA en 2011 si estamos en 2018 y sigue sin condenarla. Si jamás se le ha escuchado repudiar a la banda a cuyas faldas se crió. Lo que pasa es que la juez no puede decirlo porque empaña su imparcialidad. Y por eso no debió volver a estar, según Estrasburgo, en un tribunal juzgador de este individuo.
Pero ni acusación prefabricada, ni caso falso, ni persecución de la paz y la libertad. El Tribunal ni siquiera obliga al Estado español a compensar de ninguna manera a este sujeto. Que si quiere que le levanten la inhabilitación tendrá que solicitarlo, por la vía legal correspondiente, al Tribunal Supremo.
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