I - Año 2024
Aunque la imposición de aranceles fuera una de las estrella del programa electoral de Trump, el humor arancelario más significativo de 2024 estuvo centrado en la imposición de tasas de la UE a los coches chinos y en las posteriores medidas de réplica adoptadas por el gigante asiático. Sivan como ejemplo unas viñetas de junio de JM Nieto, Oroz y JJ Aós que complementamos con la de David Parkins de agosto sobre los aranceles norteamericanos a la automoción china.
Asimismo nos parece oportuno recordar, cuando estamos en vísperas de un nuevo viaje, la viñeta de García Morán de septiembre sobre el desleal desmarque de la política arancelaria de la UE realizado por Pedro Sánchez en su visita de entonces a China.
Después de que Donald Trump se impusiera en las elecciones del 6 de noviembre, el foco del humor arancelario se trasladó a Estados Unidos y Matt advertía bien poco después que solo quedaban 69 días para que el nuevo presidente tomara posesión y comenzara a poner en práctica sus promesas electorales.
Lo que es en el humor español, la primera viñeta que tenemos etiquetada en la categoría de aranceles de Trump es la de JL Martín del 29 de noviembre que replica el famoso cartel de reclutamiento de James Montgomery Flagg.
II - Enero a marzo de 2025
La primera viñeta arancelaria que etiquetamos este año fue la de Sansón del 1 de febrero que ahora está de plena actualidad por más que Vox haya puesto el culpabilizador foco principalmente en la Unión Europea (enlace a las declaraciones del portavoz de Vox). Sigue la gangsteril ironía de Chappatte en Le Monde (Tienes un bonito comercio. Es importante que no le pase nada) y las arancelarias visiones de Oroz y David Rowe.
Tomás Serrano, Sansón y Álvaro se ocuparon de las arancelarias amenzas en la prensa española del día 4 de febrero. El nicaragüense PX Molina completa este bloque con su viñeta de San Valetín.
La réplica arancelaria europea provocó el 13 de marzo unas ironías sobre el tipo de productos elegidos en el humor de Javier Cuervo / Pablo García y el belga du Bus (¡Tres botellas de bourbon! ¡Ale! ¡12% de derechos de aduana! ¡Trump quiere la guerra y la va a tener!).
Proseguimos con las viñetas pubicadas el 28 de marzo por Oroz y Pinto & Chinto con motivo del anuncio de aranceles para los coches europeos.
III - Humor de abril hasta los primeros ecos del Liberation Day
En el humor británico del jueves 2 destacamos las visiones de Morten Morland y Patrick Blower, mientras que en le del día siguiente nos parecen particularmente reseñables las viñetas de Dave Brown y el propio Morland. David Rowe completa la selección de humor foráneo de esa jornada con una evocación de la película Taxi Driver (1976).
IV - Viñetas del 4/4/25
JL Martín, Ricardo y Miki y Duarte coinciden en el recurso a bombarderas metáforas y Tomás Serrano evoca el "Con Franco vivíamos mejor". Sigue la cinematográfica pieza de Santy Gutiérrez, la aún más vaquera visión de Pinto & Chinto y los Trump de Ermengol, Oroz, Peridis, Gallego y Rey, Vergara y el apenas visible de Padylla en una viñeta conexa con el temporal que azota a Canarias.
Completamos la reseña de humor nacional de esta jornada de viernes con las viñetas de Malagón, JM Nieto, Asier y Javier, JJ Aós, Napi (entendemos que quien reclama diálogo es el ministro de Exteriores Albares) y Sansón que elevan a 18 los dibujos que hemos coleccionado en España sobre el tema de la jornada en la prensa mundial.
En el humor británico han predominado los dibujos que han dejado hecho un cromo al primer ministro Keir Starmer: Morten Morland, Dave Brown y Andy Davey. Los complementamos con las viñetas de Ben Jennings. Matt y Guy Venables.
Del humor australiano nos hemos traído dos piezas de David Rowe y una de Mark Knight. que acompañamos con la de du Bus de la víspera dibujada cuando todavía quedaba alguna esperanza de que Europa pudiera tener un trato preferente. El anglocanadiense David Parkins completa de momento esta colección con una evocación del aterrizaje en la Luna del módulo Águila del Apolo XI.
Anexo: Aunque no se corresponda epecíficamente con la temática del apunte de hoy, no queremos dejar de compartir el interesante análisis que hoy publica Argemino Barro en El Confidencial
En los últimos años, pero especialmente en las últimas horas, Donald Trump ha sido calificado con todos los adjetivos y sustantivos del diccionario. Pero este es el término más correcto
Por Argemino Barro. Nueva York
El Confidencial 4/4/2025 - 05:00
En los últimos años, pero especialmente en las últimas horas, Donald Trump ha sido calificado con todos los adjetivos y sustantivos del diccionario: se le ha llamado genio, libertador, chalado, populista, autoritario e incluso fascista. Pero hay una palabra que probablemente no haya sonado y que sea la más adecuada: “patrimonialista”. Es verdad que no es pegadiza, pero quizás sea el término que andábamos buscando.
Tal y como escribía Jonathan Rauch en The Atlantic el pasado febrero, citando el trabajo de los académicos Stephen E. Hanson y Jeffrey S. Kopstein, la clave de bóveda de los sistemas políticos es su fuente de legitimidad. ¿Quién tiene el derecho de gobernar el Estado, y con base en qué? Los autores recuperaron una distinción, acuñada por el sociólogo Max Weber, entre dos modelos: el modelo de la “bucrocracia procedimental” y el modelo “patrimonialista”. El primer modelo es el que impera en los Estados modernos y el que tiene su fuente de legitimidad en las instituciones. Es decir, esas entidades sujetas a la ley y dirigidas por una élite de profesionales especializados que no son leales a un caudillo, sino a una serie de reglas y, en última instancia, a la Constitución.
En Estados Unidos, por ejemplo, esta burocracia procedimental nació después de la Guerra Civil, cuando el presidente Ulysses Grant mandó crear un cuerpo de funcionarios elegidos por sus méritos, no por su relación con el presidente o con el partido de turno. Décadas después, Theodore Roosevelt creó 90.000 empleos públicos para ampliar el Servicio Civil y mejorar el funcionamiento del Gobierno.
La idea en EEUU, desde entonces, es la misma que en la práctica totalidad de las democracias. En la cúspide de cada ejecutivo hay un presidente, unos ministros y una reducida corte de altos cargos (unos 4.000) que entran y salen de Washington con cada cambio de ciclo. Pero, debajo de ellos, a través de administraciones demócratas o republicanas, permanecen los funcionarios, dedicados a mantener girando las ruedas de la burocracia y a aplicar las decisiones que toman los poderes democráticos.
Pero luego está el otro modelo, el patrimonialista. Este es un modelo mucho más antiguo y mucho más común, al menos hasta tiempos recientes. Uno en el que la legitimidad no procede de las instituciones, sino de la relación personal con el líder. Si uno está de buenas con él, fenomenal, recibe protección y prebendas. Pero, si no lo está, sus intereses no cuentan. La valía o el mérito tienen poco que ver y no hay un código de reglas comúnmente aceptadas.
El patrimonialismo es “la forma de gobierno por defecto del mundo premoderno”, escriben Hanson y Kopstein, citados por Rauch, en el libro The Assault on the State: How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future. “El Estado era poco más que el ‘hogar’ ampliado del caudillo. No existía como entidad aparte”.
Donald Trump, según Rauch, es el modelo andante de líder patrimonialista. Su Casa Blanca está poblada por las personas que le han hecho grandes favores. ¿Por qué es Howard Lutnick secretario de Comercio? Es un puesto clave, sobre todo en este contexto arancelario, pero no tiene ninguna experiencia de gobierno. Respuesta más probable: Lutnick donó nueve millones a la campaña de Trump. Linda McMahon, secretaria de Educación, donó 20 millones.
El que mejor rendimiento sacó a su dinero fue Elon Musk. Pagó 277 millones de dólares, pero la mordida le ha permitido desmantelar a placer el Gobierno federal de EEUU. El mismo Gobierno que supervisa ahora mismo 52 contratos con sus múltiples empresas, que han recibido unos 38.000 millones de dólares de los contribuyentes.
Ni siquiera la ideología cuenta. En Washington, ahora mismo, hay un gobierno ultraconservador que aplica muchos de los decretos recogidos en el Proyecto 2025, una agenda redactada por cristianos nacionalistas a sueldo de The Heritage Foundation. Pero Trump ha nombrado secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., un hombre que ha defendido toda su vida el aborto. Un antiguo demócrata de pasado disoluto, pero que ahora tiene una cartera. El pago, probablemente, por haber suspendido su campaña presidencial e invitado a los suyos a votar a Trump.
El modelo patrimonialista es el que gobierna las familias patriarcales, las tribus y las bandas callejeras. El modelo patrimonialista es el del cortijo andaluz y el de los caciques gallegos. El modelo patrimonialista es el de la mafia, un sindicato de familias del crimen que se reparten el pastel, que sobornan y que trafican con favores.
A un nivel nacional, el modelo patrimonialista está muy acentuado en Rusia, donde las relaciones personales con Vladímir Putin pueden dictaminar un destino de riqueza fabulosa o de languidecimiento en un gulag. El modelo patrimonialista se ha ido consolidando, también, en países tan diversos como Hungría, India y Turquía. Y parece estar floreciendo a marchas forzadas en los otrora puritanos Estados Unidos. Trump es el “organismo perfecto del patrimonialismo”, escribe Jonathan Rauch. “No reconoce ninguna distinción entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, lo nacional y lo personal”.
Por eso, si uno adopta la óptica patrimonialista, muchas de las cosas que hace Trump tienen sentido. Entre otras, desmantelar o descabezar las instituciones, las élites funcionariales y las fuerzas de seguridad, para rellenarlas después con personas que a lo mejor no tienen experiencia, pero que son personalmente leales a Trump. Los inspectores anticorrupción, despedidos. La oficina de protección al consumidor, destruida. La ayuda humanitaria a regiones lejanas y necesitadas, abolida.
Las negociaciones con Ucrania también tienen tintes patrimonialistas. No se busca un mecanismo duradero que cuente, por ejemplo, con las vecinas naciones de Europa, sino que se negocia a puerta cerrada con otro patrimonialista, Vladímir Putin. Y se trata a Ucrania como un botín de guerra. Como un lugar que despojar de territorios y de materias primas, porque solo la fuerza es fuente de derecho.
La ruptura del orden global de los últimos 80 años es 100% patrimonialista. Todos esos complicados organismos multilaterales, la ONU, la OMS, la OMC. Sopas de letras, de reglas y de burócratas. Instrumentos que los débiles se han inventado para someter a los fuertes. El orden internacional, las convenciones y declaraciones, son la antítesis del patrimonialismo que encarna Trump. El presidente prefiere realizar transacciones bilaterales, sin tener que andar mirando la letra pequeña.
Lo cual nos lleva a los aranceles. La interpretación más natural de las tarifas anunciadas el miércoles por Donald Trump es la interpretación económica, pero también hay una política. Los aranceles son un instrumento del que se dota el presidente de Estados Unidos para forzar a los países y a las empresas a peregrinar a su corte para buscar algún arreglillo que les permita librarse del palo.
Los fundadores de EEUU “crearon una presidencia con poderes limitados y con contrapesos. Específicamente, pusieron el poder del gasto y la fiscalidad en manos del legislativo”, escribe el senador demócrata Chris Murphy. “¿Por qué? Porque vieron cómo los reyes y los déspotas utilizaron el gasto y los impuestos para controlar a sus súbditos. Los reyes británicos usaron la fiscalidad para premiar la lealtad y castigar la disidencia (...). Ahora, una tras una, cada industria y cada empresa necesitará jurar lealtad a Trump para recibir un alivio de las sanciones”.
Un detalle que ha podido pasar desapercibido es que, para decretar sus aranceles, Trump primero declaró la emergencia nacional. De esta manera saltó, de nuevo, por encima de la autoridad del Congreso.
Los senadores Chuck Grassley y Maria Cantwell, él republicano y ella demócrata, presentaron una propuesta de ley bipartita para asegurarse de que es el Congreso el que tiene la última palabra. Según su iniciativa, si los legisladores no dan luz verde a los aranceles de Trump, estos caducarán en 60 días. Un intento de poner coto al patrimonialismo que ahora domina el país, aunque es posible que ya esté fuera de todo control.
Por Argemino Barro. Nueva York
El Confidencial 4/4/2025 - 05:00
En los últimos años, pero especialmente en las últimas horas, Donald Trump ha sido calificado con todos los adjetivos y sustantivos del diccionario: se le ha llamado genio, libertador, chalado, populista, autoritario e incluso fascista. Pero hay una palabra que probablemente no haya sonado y que sea la más adecuada: “patrimonialista”. Es verdad que no es pegadiza, pero quizás sea el término que andábamos buscando.
Tal y como escribía Jonathan Rauch en The Atlantic el pasado febrero, citando el trabajo de los académicos Stephen E. Hanson y Jeffrey S. Kopstein, la clave de bóveda de los sistemas políticos es su fuente de legitimidad. ¿Quién tiene el derecho de gobernar el Estado, y con base en qué? Los autores recuperaron una distinción, acuñada por el sociólogo Max Weber, entre dos modelos: el modelo de la “bucrocracia procedimental” y el modelo “patrimonialista”. El primer modelo es el que impera en los Estados modernos y el que tiene su fuente de legitimidad en las instituciones. Es decir, esas entidades sujetas a la ley y dirigidas por una élite de profesionales especializados que no son leales a un caudillo, sino a una serie de reglas y, en última instancia, a la Constitución.
En Estados Unidos, por ejemplo, esta burocracia procedimental nació después de la Guerra Civil, cuando el presidente Ulysses Grant mandó crear un cuerpo de funcionarios elegidos por sus méritos, no por su relación con el presidente o con el partido de turno. Décadas después, Theodore Roosevelt creó 90.000 empleos públicos para ampliar el Servicio Civil y mejorar el funcionamiento del Gobierno.
La idea en EEUU, desde entonces, es la misma que en la práctica totalidad de las democracias. En la cúspide de cada ejecutivo hay un presidente, unos ministros y una reducida corte de altos cargos (unos 4.000) que entran y salen de Washington con cada cambio de ciclo. Pero, debajo de ellos, a través de administraciones demócratas o republicanas, permanecen los funcionarios, dedicados a mantener girando las ruedas de la burocracia y a aplicar las decisiones que toman los poderes democráticos.
Pero luego está el otro modelo, el patrimonialista. Este es un modelo mucho más antiguo y mucho más común, al menos hasta tiempos recientes. Uno en el que la legitimidad no procede de las instituciones, sino de la relación personal con el líder. Si uno está de buenas con él, fenomenal, recibe protección y prebendas. Pero, si no lo está, sus intereses no cuentan. La valía o el mérito tienen poco que ver y no hay un código de reglas comúnmente aceptadas.
El patrimonialismo es “la forma de gobierno por defecto del mundo premoderno”, escriben Hanson y Kopstein, citados por Rauch, en el libro The Assault on the State: How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future. “El Estado era poco más que el ‘hogar’ ampliado del caudillo. No existía como entidad aparte”.
Donald Trump, según Rauch, es el modelo andante de líder patrimonialista. Su Casa Blanca está poblada por las personas que le han hecho grandes favores. ¿Por qué es Howard Lutnick secretario de Comercio? Es un puesto clave, sobre todo en este contexto arancelario, pero no tiene ninguna experiencia de gobierno. Respuesta más probable: Lutnick donó nueve millones a la campaña de Trump. Linda McMahon, secretaria de Educación, donó 20 millones.
El que mejor rendimiento sacó a su dinero fue Elon Musk. Pagó 277 millones de dólares, pero la mordida le ha permitido desmantelar a placer el Gobierno federal de EEUU. El mismo Gobierno que supervisa ahora mismo 52 contratos con sus múltiples empresas, que han recibido unos 38.000 millones de dólares de los contribuyentes.
Ni siquiera la ideología cuenta. En Washington, ahora mismo, hay un gobierno ultraconservador que aplica muchos de los decretos recogidos en el Proyecto 2025, una agenda redactada por cristianos nacionalistas a sueldo de The Heritage Foundation. Pero Trump ha nombrado secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., un hombre que ha defendido toda su vida el aborto. Un antiguo demócrata de pasado disoluto, pero que ahora tiene una cartera. El pago, probablemente, por haber suspendido su campaña presidencial e invitado a los suyos a votar a Trump.
El modelo patrimonialista es el que gobierna las familias patriarcales, las tribus y las bandas callejeras. El modelo patrimonialista es el del cortijo andaluz y el de los caciques gallegos. El modelo patrimonialista es el de la mafia, un sindicato de familias del crimen que se reparten el pastel, que sobornan y que trafican con favores.
A un nivel nacional, el modelo patrimonialista está muy acentuado en Rusia, donde las relaciones personales con Vladímir Putin pueden dictaminar un destino de riqueza fabulosa o de languidecimiento en un gulag. El modelo patrimonialista se ha ido consolidando, también, en países tan diversos como Hungría, India y Turquía. Y parece estar floreciendo a marchas forzadas en los otrora puritanos Estados Unidos. Trump es el “organismo perfecto del patrimonialismo”, escribe Jonathan Rauch. “No reconoce ninguna distinción entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, lo nacional y lo personal”.
Por eso, si uno adopta la óptica patrimonialista, muchas de las cosas que hace Trump tienen sentido. Entre otras, desmantelar o descabezar las instituciones, las élites funcionariales y las fuerzas de seguridad, para rellenarlas después con personas que a lo mejor no tienen experiencia, pero que son personalmente leales a Trump. Los inspectores anticorrupción, despedidos. La oficina de protección al consumidor, destruida. La ayuda humanitaria a regiones lejanas y necesitadas, abolida.
Las negociaciones con Ucrania también tienen tintes patrimonialistas. No se busca un mecanismo duradero que cuente, por ejemplo, con las vecinas naciones de Europa, sino que se negocia a puerta cerrada con otro patrimonialista, Vladímir Putin. Y se trata a Ucrania como un botín de guerra. Como un lugar que despojar de territorios y de materias primas, porque solo la fuerza es fuente de derecho.
La ruptura del orden global de los últimos 80 años es 100% patrimonialista. Todos esos complicados organismos multilaterales, la ONU, la OMS, la OMC. Sopas de letras, de reglas y de burócratas. Instrumentos que los débiles se han inventado para someter a los fuertes. El orden internacional, las convenciones y declaraciones, son la antítesis del patrimonialismo que encarna Trump. El presidente prefiere realizar transacciones bilaterales, sin tener que andar mirando la letra pequeña.
Lo cual nos lleva a los aranceles. La interpretación más natural de las tarifas anunciadas el miércoles por Donald Trump es la interpretación económica, pero también hay una política. Los aranceles son un instrumento del que se dota el presidente de Estados Unidos para forzar a los países y a las empresas a peregrinar a su corte para buscar algún arreglillo que les permita librarse del palo.
Los fundadores de EEUU “crearon una presidencia con poderes limitados y con contrapesos. Específicamente, pusieron el poder del gasto y la fiscalidad en manos del legislativo”, escribe el senador demócrata Chris Murphy. “¿Por qué? Porque vieron cómo los reyes y los déspotas utilizaron el gasto y los impuestos para controlar a sus súbditos. Los reyes británicos usaron la fiscalidad para premiar la lealtad y castigar la disidencia (...). Ahora, una tras una, cada industria y cada empresa necesitará jurar lealtad a Trump para recibir un alivio de las sanciones”.
Un detalle que ha podido pasar desapercibido es que, para decretar sus aranceles, Trump primero declaró la emergencia nacional. De esta manera saltó, de nuevo, por encima de la autoridad del Congreso.
Los senadores Chuck Grassley y Maria Cantwell, él republicano y ella demócrata, presentaron una propuesta de ley bipartita para asegurarse de que es el Congreso el que tiene la última palabra. Según su iniciativa, si los legisladores no dan luz verde a los aranceles de Trump, estos caducarán en 60 días. Un intento de poner coto al patrimonialismo que ahora domina el país, aunque es posible que ya esté fuera de todo control.
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