Uno de los errores más habituales a la hora de valorar acontecimientos históricos es ignorar las coordenadas del pensamiento del
momento, particularmente las culturales y morales. Matices diferenciales tiene el
zeitgeist
hegeliano, pero nos sirve para aproximarnos a la idea y justificar, de paso, un
título llamativo.
Rebajando el nivel de abstracción, lo que queremos decir es
que la esclavitud, por ejemplo, fue durante largos periodos de la historia una práctica asumible y asumida sin ningún tipo de remordimiento por amplias capas de la sociedad, cierto que variables según
lugar y época.
Por ello, ya nos gustaría saber como se verá dentro de
unos cuantos años el actualmente pujante recurso a los
vientres de alquiler. Un caso particular,
aunque más general, de la llamada ‘gestación subrogada’. Una denominación que, al margen de su
carácter eufemístico, define un concepto
más amplio que incluye los muy minoritarios comportamientos altruistas.
No deja de ser una curiosa coincidencia que esta semana también Leopoldo Abadía se ocupe de esa cuestión desde su apartado San Quirico, quizá hasta demasiado distendidamente, en su artículo Del 'profit warning' al vientre de alquiler. Ahí nos enteramos de que Alberto Nuñez Feijóo plantea terminar con la prohibición vigente en España. A falta de más detalles, esperamos que se refiera a la práctica altruista y no a los, en nuestra opinión, aberrantes vientres de alquiler en sentido estricto. En esto nos parece que, mutatis mutandis, y con un anonimato imposible, la reglamentación de la donación de órganos marca la guía a seguir.
Ahora bien, plantear como hace el político que esta sea una solución a los problemas de natalidad de España parece de una ingenuidad desbordante. Eso no cabría más que montando un gigantesco zoco de úteros. Volviendo a los transplantes, es como decir que los de corazón son la solución para las enfermedades coronarias.
Pero lo que se nos hace incomprensible es que en la situación de ilegalidad actual se esté aceptando regularizar, sin más, el resultado de una práctica aquí no admitida. Como si consintiéramos blanquear el dinero robado con tal de que lo sea en el extranjero. Vale que hay un niño de por medio, pero caben multitud de desincentivadoras sanciones que no tienen por qué causarle perjuicio alguno, máxime cuando este es un fraude de ley de pudientes (no se barajan costes inferiores a 50.000€ y se dan cifras de hasta 200.000€).
Precisamente es el argumento de los intereses del menor el que subyace en la sentencia del Tribunal Supremo que ha otorgado igualdad de prestaciones por maternidad y paternidad en estos casos. Desde el punto de vista de la concesión de periodos de baja laboral, seguramente justificable, pero desde el punto de vista de la asunción pública del coste del resultado de un fraude de ley mucho más discutible.
El mundo evoluciona muy deprisa y hay que legislar a ese ritmo, no confundir con en exceso. Así que no fiemos esto al advenimiento de un zeigeist que propicie que la explotación de la mujer a cambio dinero se vea tan rechazable como el esclavismo. Y, por lo pronto, no nos gusta la tolerancia con el fraude de ley ni que haya dinero público que acabe en las manos de estos nuevos y pudientes esclavistas.
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