La lengua en la semana 46/2023 (1ª parte)

 

Ciertamente oportuno estuvo Álex Grijelmo con la temática elegida para su artículo del pasado domingo titulado ‘Lawfare’, palabra nueva para idea vieja. Un texto que, al igual que en otras ocasiones, adjuntamos íntegro como anexo. Y bien apunta en el mismo que el acuerdo Junts-PSOE falsifica el significado del abuso judicial conocido como lawfare al pretender hacerlo equivalente a “judicialización de la política”, que es otra cosa bien distinta: lo que ocurre cuando los políticos delinquen.

No nos resistimos a acompañar el fragmento de marras del acuerdo con las declaraciones de Santos Cerdán  afirmando, después de una semana en Bruselas supuestamente dedicado a medir milimétricamente cada palabra de ese texto, que en el mismo no se habla de lawfare. Ahora hemos sabido, además, que empezó a reunirse con Puigdemont en marzo. La verdad convertida en el enemigo.

Las menciones humorísticas del anglicismo de moda que hemos encontrado hasta ahora son de Álvaro, García Morán y Napi, mientras que la viñeta de Sansón del pasado viernes hace una magnífica lectura del uso fake que le da el acuerdo de investidura.

Proseguimos con la viñeta de Padylla del domingo que es su segunda aportación al recopilatorio Las líneas rojas en el humor gráfico español de 2023. Y el jueves fueron Gallego y Rey quienes introdujeron una de esas líneas en su recreación de la icónica  "Muerte de un miliciano" publicada precisamente cuando Sánchez, lejos de caer abatido, fue reelegido presidente del gobierno, así que toca asumir que la cosa va de jugar al limbo.

Peridis incluyó en su viñeta del miércoles una referencia gráfica al acto de filibusterismo (2. m. Obstruccionismo parlamentario) que indudablemente es la reforma urgente del Reglamento del Senado promovida por el PP para demorar la entrada en vigor de la amnistía. En la Wikipedia encontrarán unos cuantos ejemplos de ese tipo de maniobras dilatorias que recibieron ese nombre a mediados del siglo XIX (etymonline), tradicionalmente ejercidas por medio de larguísimos usos de la palabra cuando reglamentariamente no están limitados. César Oroz apoyó en la fábula de La liebre y la tortuga su visión de la maniobra.

Patxi López fue el tragón elegido por Javier Muñoz para representar al socialista tipo en su ilustración para España no tragará esta rueda de molino  de Pedro J. Ramírez  publicado el domingo 12  en El Español. Una pieza que hemos incorporado a la colección albergada en el apunte Comulgar con ruedas de molino que ya recogía la ilustración de la capillada mencionada por el director de El Español. 

Morten Morland el lunes, con un pronóstico inicialmente errado, aunque ya se verá lo que da de sí la guerra civil tory, y Pinto&Chinto al día siguiente con una extravagante lectura del momento político en el corto plazo,también en este caso ya se verá que pasa más adelante, han aportado nuevas piezas a nuestra  colección de espadas de Damocles.

Procede recordar en el lingüístico apunte de hoy la paráfrasis de Sansón, ya comentada ayer, del popular Dime con quien andas y te diré quién eres (enlace al refranero CVC). Y concluimos con la segunda pieza literaria de esta colección, la visión de la investidura que Asier y Javier apoyaron el domingo en la prueba del zapato de Cenicienta, aunque asumimos que ese zapato es más bien símbolo del pacto con el que Junts ha empezado a jugar desde el minuto cero a que puede saltar por los aires. 

Anexo

‘Lawfare’, palabra nueva para idea vieja 
por Álex Grijelmo (El País, 12/11/23)

¿Cómo hemos podido vivir sin ese término hasta hace nada? ¿Cómo se nombraba antes la extralimitación judicial?

Políticos y periodistas usan en estos días el anglicismo lawfare haciendo ver que lo conocen de toda la vida. Esta palabra se forma mediante una contracción de law (ley) y warfare (guerra), por lo que alguna vez se ha traducido —mal— como “guerra legal”.

Nunca se había mencionado en EL PAÍS hasta 2014, cuando se citó un blog jurídico de EE UU que se llamaba así. Reapareció en 2016, con 3 referencias al proceso contra Lula da Silva; 2 de ellas, en portugués (edición de Brasil). Y se definía como “el uso de leyes y procedimientos jurídicos como arma de guerra”.

En todo 2017, lawfare aparece 4 veces, todas ellas sobre Lula y en la lengua portuguesa. Los registros bajan a 2 en 2018, en sendos artículos de opinión, también sobre Lula; y ambos ofrecen ya definiciones mejores: el brasileño Leonardo Boff habla de “interpretación distorsionada de la ley que el juez practica para perjudicar al acusado”; y la alemana Herta Däubler-Gmelin, de “ocultación de un combate político mediante abuso de los instrumentos jurídicos”.

En 2019 el anglicismo se menciona 18 veces: 14 de ellas en referencia a Lula (8 en portugués); y el resto por causas contra el francés Jean-Luc Mélenchon, la argentina Cristina Fernández y el abogado Gonzalo Boye. Este último texto (21 de octubre) aporta la primera referencia histórica a un caso español. La noticia da cuenta de que Boye, letrado de Puigdemont, es investigado por blanqueo de capitales, sin relación alguna con el procés; y el texto incluye este tuit del expresident: “Lawfare (guerra jurídica) a todo trapo”. Por tanto, Puigdemont fue quien trajo a un ámbito español ese término, siempre según la base documental de EL PAÍS desde 1976. Y también su mala traducción.

En 2020, el vocablo baja a 11 casos, casi todos referentes a Brasil y Argentina. Los mismos que en 2021, cuando parece prender ya en el ámbito de Podemos a raíz de la persecución judicial que sufrió Victoria Rosell. La noticia sobre una mesa redonda celebrada en Madrid en torno a ese asunto define lawfare como “persecución política por vías judiciales”. Y se repetirá en otra pieza, sobre la condena contra el diputado de ese grupo Alberto Rodríguez.

En 2022 la curva sube a 20 ocasiones, 5 de ellas relativas a Cataluña pero todas en defensa de Laura Borràs (una corrupción también ajena al procés).

Y en lo que va de año 2023, la cifra se dispara a 50 casos, 13 en la última semana (17 referidos a Cataluña, 9 a Borràs, 4 a Lula, 7 a Argentina, 1 a Podemos y 13 a otros). El Observatorio Lázaro, que cuenta anglicismos en 22 medios españoles, ha anotado una frecuencia de 6.933 apariciones por millón de palabras en el último mes, el triple de lo habitual desde 2020.

¿Cómo hemos podido vivir sin esa palabra hasta hace nada? ¿Cómo se denominaron las extralimitaciones de los jueces Gómez de Liaño, Serrano, Calamita o Alba? ¿Y qué tipo penal se aplicaría a quien incurriese en lawfare? Pues seguramente el del artículo 446 y siguientes del Código Penal, que abordan la prevaricación. Eso sí, aquí con intención ideológica.

Por tanto, el párrafo del acuerdo Junts-PSOE que contiene tan eufemístico vocablo diría, traducido a un español más inteligible: “Al aplicar la amnistía, se tendrá en cuenta lo que establezcan las comisiones parlamentarias cuyas conclusiones describan casos de prevaricación política o abuso judicial”. Sin embargo, ay, se explica luego lawfare como “judicialización de la política”, y eso ya es otra cosa: lo que ocurre cuando a unos políticos les da por delinquir.

Parece que Puigdemont colocó su palabra, pero le cambió el sentido.